Para líderes gremiales y del sector privado, las principales preocupaciones radican en el impacto de la iniciativa en la formalización laboral y en los contratos
Ayer se revelaron las preguntas que irían en la consulta popular. Los temas, que giran en torno a la reforma laboral que se hundió en marzo de 2025, tocan la jornada de trabajo, pagos de dominicales y festivos, eliminación de la tercerización, fortalecimiento del contrato a término indefinido, entre otros.
Líderes gremiales y sindicatos mencionaron que es necesario que se replanteen algunas preguntas, incluso, señalaron que muchas de ellas ya están en la ley. Mientras que algunos actores del sector privado manifestaron su escepticismo en que una ley sobre el papel impacte de manera real sobre el desempleo y la informalidad, aunque también hubo consenso con algunos puntos.
El presidente de la Asociación Colombiana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Acopi, Rodolfo Correa, expresó que está de acuerdo con que la jornada laboral dure ocho horas y con el pago de 100% de dominicales, pero dijo que las Mipymes ya cuentan con una legislación que establece tasas preferenciales e incentivos para proyectos productivos, señalando que algunas preguntas tienen un “tinte populista y que no son convenientes”.
Frente a medidas como la formalización con un contrato laboral de los aprendices del Sena, Correa expresó que esta medida “desnaturaliza” la relación con los aprendices, y el argumento es que convierte una etapa de aprendizaje en una laboral productiva, lo que para él tiene como consecuencia el “daño a la estabilidad financiera de las empresas”.
“El recargo de 100% en dominicales y festivos genera sobrecostos a las empresas, y esto se deriva en afectación al empleo y la formalización. Lo que hacen las compañías es que al tener un sobrecosto, lo que finalmente va a incrementar son los precios del producto, lo anterior significa que en última instancia, los asume el consumidor final”, afirmó Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos.
El ABC de la consulta popular
El presidente Gustavo Petro señaló que radicará la consulta popular en el Senado de la República el 1º de mayo de 2025. Tanto el ministro del Interior, Armando Benedetti, como el de Trabajo, Antonio Sanguino, expresaron que una vez radicado el proyecto, el legislativo tendrá 30 días para pronunciarse sobre si lo aprueba o no. Luego tendrá ocho días hábiles para notificar a Presidencia su decisión.
Benedetti enfatizó que el Congreso conoce bien el trámite, haciendo alusión a la consulta popular que en 2018, Claudia López, senadora para ese entonces, llevó a cabo. Y luego enfatizó que este proceso no necesitaría de comisiones o ponentes.
“Si no se pronuncia el Senado, el Presidente tiene los siguientes tres meses para convocar a elecciones”, expresó Benedetti. A lo anterior, el titular de la cartera de Trabajo dijo que si el resultado de la consulta llega a ser positivo para el Gobierno, el Congreso está obligado a expedir la ley de lo aprobado en el periodo siguiente, y si no lo hace, Petro podría expedir el decreto.
“Es absolutamente claro que la consulta, como mandato popular y como expresión de la soberanía popular, es de obligatorio cumplimiento. Primero para el Congreso y luego para el Presidente de la República”. recalcó Sanguino.
El ministro del Interior confirmó que solo se necesita el aval del Congreso para avanzar con la consulta, y agregó que se necesita un umbral de 13,6 millones de votos para que esta pase. Si bien los tiempos no están establecidos de manera detallada, el Gobierno tiene planeado realizar la convocatoria de la consulta entre julio y septiembre de este año.
Lo que dejaron en claro ambos ministros de Estado es que confían en que la consulta salga adelante, y con ella los puntos que dejó la reforma laboral. Aunque no se puntualizaron las cifras de cuánto costaría la elección, según la Registraduría, esta tendría un valor similar al de la pasada elección presidencial, es decir, alrededor de $700.000 millones, aunque Benedetti señaló que el costo sería inferior a $300.000 millones.
“No las tenemos (las mayorías en el Congreso), pero soy optimista. Si las preguntas son loables y son necesarias porque son con base en convenios internacionales y con fallos de la Corte Constitucional, ¿por qué el Congreso diría que no? ¿Por qué unas personas que han sido elegidas popularmente le van a negar al pueblo que pueda votar?”, expresó el ministro.
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